Esta semana se realizó una gran marcha en Las Heras contra el procesamiento de más de 50 compañeros por participar de los piquetes. La participación de padres, entre ellos obreros petroleros, y docentes de otras localidades le dio a la marcha un carácter masivo -1.000 personas- pocas veces visto en la localidad.
Al día siguiente, una caravana de más de cien vehículos se desplazó desde Río Turbio hasta 28 de Noviembre para realizar un gran acto en la ruta, en el mismo lugar donde hace un mes fueron garroteados los maestros y enfermeros por la patota oficialista de la Uocra. El acto se transmitió en directo a varios puntos de la provincia y, entre otros, hicieron uso de la palabra dirigentes del PO de 28 de Noviembre y de Tribuna Docente, para denunciar la impunidad que sigue gozando la repudiada patota, la cual no ha sido siquiera llamada a declarar.
El viernes 13, una nueva marcha en Gallegos protestó ante el Tribunal de Justicia y denunció una nueva agresión a una compañera docente, esta vez en Río Gallegos, por parte de elementos provocadores del oficialismo.
Durante la semana, el gobierno profundizó la ofensiva contra los maestros al emitir una resolución por la que suspende la vigencia de varias licencias y pretende organizar el reemplazo de los huelguistas por suplentes, aún sin legajo ni calificación profesional.
La medida, que ataca garantías del Estatuto del Docente, provocó una reacción inmediata en directivos y supervisores que, en su mayoría, anunciaron que no aplicarán las medidas. El paro a raíz de estas nuevas presiones subió a niveles muy elevados los días jueves y viernes.
Las asambleas son masivas y entre las acciones se decidió el bloqueo de las Juntas de Clasificación.
El viernes se conoció otra medida, ahora judicial, que exige a la Adosac el acatamiento de la conciliación. Se trata de una "medida autosatisfactiva", procedimiento legal con escasos o nulos antecedentes en la justicia del país, por el que se tramita una acción de la justicia de aplicación inmediata, incluso antes de posibilitar el derecho a defensa. El extraño procedimiento ya fue aplicado en pocos días varias veces por el gobierno provincial y su justicia adicta (intervención al gremio petrolero, intimación a desocupar las escuelas donde los docentes permanecían en vigilias y ahora intimando a acatar la conciliación, como paso previo a una ilegalización de la huelga).
Se impone una campaña nacional para impedir el intento de ilegalizar, procesar y quebrar económicamente al gremio con multas y amenazas de retirarle la personería gremial. Es que las declaraciones de Cristina parecen enfocadas directamente a nuestra lucha. La dilación extrema en la resolución del conflicto preanuncia una ofensiva aún mayor.
En el congreso del PJ reunido el pasado fin de semana, Peralta declaró que se va a aplicar por la Secretaría de Trabajo una multa de 30 millones de pesos contra Adosac, en aplicación de una Ley Antihuelgas (2450), la que resulta en muchos aspectos inconstitucional.
El Congreso de Adosac, que deliberó el sábado 14 en Río Gallegos, resolvió apelar las medidas judiciales y sostener el paro, la carpa y los piquetes, mientras se hacen gestiones para viabilizar las reivindicaciones.
Las movilizaciones continuarán y se desplazará una delegación a Buenos Aires.
El gremio se mostró dispuesto a negociar el reclamo del 50%, siempre y cuando el gobierno mejore sustancialmente la oferta del 25% escalonado que fue rechazada.
Miguel Del Plá - Congresal de Adosac
